En nuestro anterior artículo comentábamos la insensata propuesta de iniciativa privada y amparo institucional para instalar una incineradora de biomasa en La Isleta. Catalogada por el Gobierno de Canarias como Proyecto Estratégico y con concesión administrativa de dominio público de la Autoridad Portuaria, pretendía incinerar 40.000 toneladas mensuales de arbustos traídos de África y Sudamérica. El grave daño estético para la ciudad y, sobre todo, el atentado a la salud pública se impidió por una ejemplar reacción de la sociedad civil a partir de un valiente y contundente informe…
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