El Consorcio Insular de Emergencias debe unos 15 millones de euros a su plantilla por las horas laborales de más que les impone desde 2012, en torno a 380 anuales hasta 2018 y sobre 500 horas al año desde entonces, una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de condiciones de trabajo vigente desde mediados de 2012 a través de dos sentencias firmes.
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